Ley de Radiodifusión

Legado no deseado

Además del genocidio que se cobró la vida de 30.000 argentinos, del terrorismo económico que ocasionó el desmantelamiento del aparato productivo sustentado en la apertura económica, la eliminación de subsidios y medidas proteccionistas para las pequeñas y medianas empresas y la especulación financiera, la dictadura del 76 implementó un terrorismo cultural que dio lugar a un fuerte proceso de regresión educativa. Fue así como se elevaron los índices de deserción escolar, en especial en los niveles de educación secundaria y terciaria debido a la crisis económica y a ciertos preconceptos que tenía el gobierno de facto, que consideraba a los estudiantes como más proclives a incorporarse a las agrupaciones de izquierda. Entre esos tantos “legados” figura la ley 22.285 también conocida como Ley de Radiodifusión, sancionada en 1980. Y no es casualidad que haya surgido en este período histórico. La dictadura veía a los medios de comunicación como un instrumento de acción ideológica en su lucha contra la “subversión” y como un dispositivo de aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional. Así, en el artículo 7 de la norma, se sostiene que “los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley”.

Los hechos hablan por sí solos: 72 periodistas desaparecidos, decenas encarcelados, listas negras en las que se incluían diferentes personalidades del ámbito cultural, artístico y periodístico, además del cierre y la expropiación de diarios como “La opinión” (de Jacobo Timmerman) y de la prohibición de numerosos libros, revistas y películas. En contraposición a esto, los medios sólo limitaron sus críticas gubernamentales a cuestiones económicas o administrativas irrelevantes.

A simple vista, la Ley de Radiodifusión impedía la conformación de cadenas (salvo la oficial), dado que los propietarios de medios gráficos o de agencias de noticias no podían acceder a una licencia de radio o televisión, evitando así, la concentración de medios en una sola empresa. También prohibía la llegada de capitales extranjeros en el campo de las comunicaciones. Pero lejos de implementar estas medidas con la intención de garantizar la pluralidad de contenidos y visiones del mundo, los objetivos del gobierno de facto eran más que claros: impedir la constitución de un grupo mediático que les disputara la legitimidad.

El servicio de radiodifusión dejó de ser considerado como servicio público y pasó a ser de interés público. ¿Qué supone esto? Implica un cambio más que trascendente. La idea de servicio público se vincula con la incorporación de alguna política estatal para la planificación del sistema de medios. Al convertirse en servicio de interés público, el Estado pasa a ejercer una regulación general sobre la totalidad del sistema, garantiza la prestación del servicio, otorga licencias y concesiones a terceros pero queda excluído de competir con medios privados. De este modo, sólo los argentinos nativos con cinco años de residencia en el país y sin problemas legales y las empresas comerciales que tuviesen por fin el lucro, podían obtener licencias. No así las asociaciones civiles, las cooperativas o las organizaciones sociales sin fines de lucro (como las mutuales o los sindicatos) que se sustentan en otros valores y principios como la responsabilidad social, la solidaridad, la democracia y la equidad, tajantemente contrapuestos al régimen militar.

Por otro lado, la férrea censura con el fin de “no alterar el orden interno” se terminó de plasmar con la creación del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), ente regulador conformado por un representante del Poder Ejecutivo, uno del ATA (Asociación de Teleradiodifusores argentinos, uno del ARPA (Asociación de Radiodifusores Privados Argentinos) y un representante de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de contar con una comisión formada por representantes de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Con la llegada de la democracia, la composición legal de dicho organismo no funciona sin la incorporación de una figura extralegal: el interventor, que actualmente es Julio Bárbaro. En lugar de modificar la constitución del ente, mostrando un perfil más pluralista e incorporando a distintos sectores sociales de todo el país, se optó sólo por intervenirlo, colocando a distintos interventores nombrados por el Presidente de turno.

Lo cierto es que la ley que rige y regula la actual radiodifusión argentina un viejo resabio de los tiempos de tortura, terror y persecución. La ley de radiodifusión democrática todavía es una deuda pendiente. No es un dato menor el hecho de que desde 1983 ningún proyecto de ley haya sido discutido en el Congreso y tan solo uno tuviese despacho de comisión. Otro dato curioso: el Congreso Nacional sancionó sólo una vez una ley de radiodifusión, durante el segundo gobierno de Perón en 1953.

Existieron varios proyectos con el fin de generar una nueva normativa durante el gobierno de Alfonsín, también en los tiempos de la Alianza e incluso durante la presente gestión gubernamental, pero las presiones de los grandes multimedios y las negociaciones secretas de los artículos más importantes han impedido que el tema pudiese ser discutido en la cámara legislativa. Es más, el año pasado el decreto 527/05 firmado por Kirchner prorrogó las licencias por 10 años más. Sólo la impune “mafiocracia” menemista fue capaz de modificar algunos aspectos de la 22.285, que siguiendo una línea de coherencia con la corrupción y los negociados de los 90, terminaron beneficiando a los grandes operadores.

Por el momento, los intereses corporativos parecen haber ganado una batalla en la que se le niega a toda la sociedad argentina la posibilidad de debatir en democracia el modo en que debería organizarse su estructura informativa y comunicacional. Mientras tanto, una ley discriminatoria, centralista y autoritaria, heredada del proceso militar nos sigue rigiendo.

¿Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional?

ü Después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU buscó alinear bajo su hegemonía a América Latina, con el fin de defender su imperio del comunismo.

ü Creó la Junta Interamericana de Defensa que logró cooptar a los ejércitos latinoamericanos con el fin de defender la “seguridad yanqui”ante la presencia de esta “guerra permanente”.

ü Estos militares fueron formados en las bases de EEUU, adoctrinados bajo la idea de un mundo polarizado, donde debían combatir al marxismo internacional.

ü En nombre de la “civilización occidental y cristiana” se instaló un sistema represivo y se cercenaron los derechos y las libertades individuales mediante la imposición de gobiernos dictatoriales.